Con motivo de mi columna de la pasada semana en la que hablaba de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, he recibido un correo de un lector criticando mi postura que él entendía de apoyo incondicional a las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. He de reconocer que no criticaba las medidas debido a que soy de los convencidos que no hay más remedio que adoptar posturas drásticas en la reducción del déficit, y que a las adoptadas el día 30, han seguido las del 5 y continuarán otras a lo largo de este semestre.

Hemos de tener en cuenta que en 2012 se ha de renegociar deuda española, tanto pública como privada, por importe de más de 300.000 millones de euros y si no hay quién concurra a dichas operaciones, el batacazo puede ser peor aún. ¿Qué se podían haber tocado otros impuestos? Claro que sí. La propia Unión Europea está pidiendo que se aumente el tipo del IVA, pero esto supondría subir el precio al consumidor final y perjudicaría las economías más débiles retrayendo el consumo. ¿Qué se puede implantar un impuesto a las grandes fortunas? También, pero la recaudación no compensaría las salidas de capital que esto conllevaría.

Duela o no, hay que tener en cuenta que el dinero puede salir de España con un simple click de ratón. Pasa lo mismo con el tema de las Sicav, el país Vasco modificó la tributación de las que tenían su domicilio fiscal en dicha comunidad y salieron a toda velocidad buscando mejores territorios. Es crudo tener que reconocerlo, pero la fiscalidad recae, fundamentalmente, en las clases medias. Cuando se habla de presión fiscal en España y se compara con otros países europeos se está dando una imagen equivocada de lo que aquí pasa. Tenemos una presión fiscal inferior, con una menor renta disponible media y con unas bolsas de fraude importantes que hacen que la presión recaiga sobre un sector de la población, la clase media, que siempre es el más castigado con estas medidas.

Son los contribuyentes que dependen de nóminas o retribuciones profesionales totalmente comprobables, los que tienen una presión fiscal media mayor. Hubo una medida que, de ponerse en marcha, puede suponer un cambio de tendencia importante, el incremento de plantilla de los servicios de inspección de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Trabajo. Luchar contra la economía sumergida (cerca del 20% del PIB) puede dar más ingresos que la subida temporal de los tipos del IRPF.

Por lo tanto, pidamos a los Reyes (magos) que para finales de este año la carga fiscal esté en línea con los ingresos de cada uno.

Ya tenemos las primeras medidas fiscales y también las primeras criticas. Lo uno no puede venir sin lo otro. El Gobierno ha de gobernar y la oposición ha de criticar las medidas que el Gobierno adopte. Bueno es que del primer Consejo de Ministros salgan propuestas, tanto en reducción de gastos como en incremento de ingresos. Estamos en una situación difícil ante la que solo caben medidas de calado que dejen claro que esto va en serio. Por muy buena voluntad que se tuviera al prometer que no se iban a tocar los impuestos, era de cajón que esto era imposible de mantener y mucho más cuando el déficit encontrado es superior al previsto.

En primer lugar por que la contabilidad creativa de los Gobiernos deja en el cajón mucha factura sin contabilizar al cierre de cada ejercicio y estas iban a salir con el cambio de Gobierno. En segundo lugar por que los impuestos especiales se debían adecuar a lo establecido por Bruselas en cuanto a normalización, eliminando subvenciones y privilegios. Y en tercer lugar porque el déficit alcanza tal nivel que su financiación supone asumir un coste financiero importante que incrementa el gasto, lo que aumenta el déficit y así no se puede salir de este circulo vicioso en que la crisis y las medidas equivocadas del Gobierno nos habían abocado en los últimos ejercicios.

Cabía esperar, ya que era lo más fácil, que se hubiera decidido aumentar los tipos del IVA. Es donde más diferencia tenemos con otros países de la U.E. y hubiera estado totalmente justificado. Pero el IVA es un impuesto menos justo, por su falta de progresividad, que otros y, además, hubiera afectado más al consumo con lo que se hubiera retrasado más la posible recuperación de la economía. Incrementar por lo tanto el IRPF parece lo adecuado. Este es un impuesto progresivo por el que paga más el que más gana. No pagarán más los que ingresen menos de 12.000 €/año y la escalada, según sea la situación familiar de cada uno, supondrá una mayor carga fiscal que oscilará entre 20,45 €/año para los solteros que ingresen entre 12.000 y 16.000 €/año, hasta 20.567,94 €/año para los que ingresen 400.000 (quién los pillara).

La subida del IBI mejorará algo las arruinadas arcas municipales, aunque difícil será que los Ayuntamientos salgan de esta si no se adoptan medidas de mayor calado en su reforma. Y es que, como en una simple economía doméstica, cuando se ha dilapidado el patrimonio y se ha gastado más de lo que se ha ingresado, toca reducir el gasto todo lo que se pueda, vender patrimonio no imprescindible y trabajar más para poder generar ingresos que permitan pagar lo debido. Pensar que se puede salir de esta situación sin asumir sacrificios, y sin buscar nuevas fuentes de ingresos es una irresponsabilidad. Y este es el primer capitulo de una serie que promete tener más sorpresas.

Es de esperar que a los causantes de esta situación, se les exija sus correspondientes responsabilidades. Que los sacrificios recaigan sobre la población, mientras determinados gestores, políticos y financieros se están yendo de rositas, es una tomadura de pelo.

En el discurso de investidura de Rajoy hubo cosas de las que me gustó la música aunque no sé cómo será la letra que hará posible lo prometido. Me refiero en concreto a permitir que las PYMES ingresen el IVA a Hacienda cuando lo hayan cobrado, algo lógico en los tiempos que corren con miles de autónomos y de pequeñas (y no tan pequeñas) empresas, al borde del colapso por falta de liquidez. Además ya hay administraciones públicas que, de facto, han adoptado medidas similares con diversos impuestos. La Generalitat catalana, ni corta ni perezosa, aduciendo su falta de liquidez, deja de ingresar las retenciones de las nóminas de sus trabajadores y tampoco ingresará las cuotas de la Seguridad Social. Supongo que lo de cumplir y hacer cumplir la Ley, no debe ir con ellos pero confío en que tengan que ingresar dichos importes con sus correspondientes recargos e intereses de demora, como corresponde a todo contribuyente, sea este de Bargas o de Castelldefels. Ojalá la medida se pueda llevar a cabo, pero tengo dos dudas sobre el alcance de la misma.

La primera es que al tratarse de un Impuesto normalizado dentro de la U.E. puede haber alguna pequeña dificultad para la implantación del principio de caja en lugar del de devengo sin que Bruselas diga algo al respecto. La segunda es que, si no se ingresa hasta que no se cobre, tampoco se podrá deducir el IVA soportado hasta que no se pague, con lo que se generará un problema contable y de registro en las PYMES. Y por último, plantear una reflexión. La falta de liquidez se debe a la nula financiación por las entidades financieras y al retraso en los cobros. Respecto a lo primero, ya está bien de que las entidades financieras vean resueltos sus problemas de caja vía medidas extraordinarias o por poder recurrir a la financiación del Banco Central Europeo (a tipos inferiores al 2%) mientras no sueltan el grifo para financiar a las PYMES. Y en cuanto a lo segundo, es decir el retraso en los cobros, volver a recordar que en España existe una Ley de Morosidad que fija obligatoriamente los plazos en que administraciones públicas y empresas privadas, han de pagar sus facturas. Y es que esta Ley, como otras muchas, no se cumplen ni de broma.

 ¿Se creen Uds. que Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas y Administración Central cumplen los plazos de pago a los que están obligados?. ¿Les pagaron a Uds. sus facturas en menos de 55 días en 2010? ¿Se creen que podrán Uds. cobrar en 30 días en 2013? Vamos que los milagros se dan en otro ámbito y no suelen pasar en las relaciones con la Administración. Por lo tanto, ahórrense el cambio en el procedimiento de ingreso del IVA, comprométanse y obliguen a todo quisqui a cumplir lo establecido en la Ley 15/2010 de medidas contra la morosidad, den un toque a las entidades financieras para que cumplan con su objeto social y, a lo mejor, hasta las PYMES tienen liquidez. Cómo se nota que escribo esto en Navidad y estoy cargado de buena voluntad.

Cuando de ahorrar se trata siempre surge el debate sobre que se debe recortar. Para ello se ha de tener clara la diferencia entre gasto corriente e inversión, después hay que empezar a eliminar todo gasto superfluo, sea de quién sea, y subir el listón hasta que lleguemos a la cifra de corte para que las cuentas nos cuadren. Cuando no hay un euro en la caja, se ha de partir de cero para definir lo imprescindible y entonces a todos nos toca asumir que hay que apretarse el cinturón y preparase para pasar una temporada a dieta total, cuando no aceptar como irremediable que hay que renunciar a los proyectos que no se pueden financiar.

 Ahora estamos en una situación más que delicada, todos los días nos toca “pagar” a cada español un buen pellizco de intereses de nuestra deuda. Si no fuera por el dinero que el Banco Central Europea presta a la Banca para que esta suscriba deuda española (con buenos beneficios por cierto) el Tesoro no podría atender las obligaciones mínimas que cada día debe cubrir. Ante esto se ha abierto el debate sobre si se debe mantener, o no, el Ministerio de Cultura en el futuro Gobierno de Mariano Rajoy. Recordar la antigua frase atribuida a Aristóteles “Primum vivere, deinde filosofare” cuya traducción libre viene a decir “Primero es comer y después filosofar”, justificaría la amortización del Ministerio, pero esto supondría renunciar a dos cuestiones que me parecen fundamentales; la primera no reconocer la importancia que la Cultura tiene como generadora de riqueza tanto material como inmaterial.

La segunda, por lo que implicaría de reconocimiento de una situación más dramática aun de lo que ya es. Hay un grave problema de liquidez en todo el sistema, las cuentas públicas y las privadas tiemblan por la falta de recursos, pero el recorte que se debe dar, no debe hacernos renunciar a pensar con una perspectiva a largo plazo. Cultura es la red de los Institutos Cervantes en todo el mundo, cultura son los museos que permiten dar una oferta al turismo interior, cultura son las Bellas Artes, el Patrimonio Histórico. Es una inversión a corto, a medio y a largo plazo que se debe gestionar bien. Ante una situación de recursos escasos es cuando se pone de manifiesto el buen gestor.

En épocas de opulencia la mala gestión de las cuentas públicas puede pasar desapercibida (y así nos ha ido) pero ahora es el momento de los mejores. Yo creo que el debate no se debe plantear en si debe mantenerse o no el Ministerio de Cultura, si no en quién debe ser quién ocupe dicha cartera.

Ya se acerca el fin de año y no debemos olvidarnos de nuestras obligaciones fiscales. Bueno es recordar que el 31 de diciembre se devenga el pago que por IRPF le corresponde a cada contribuyente y viene bien hacer un pequeño ejercicio de pre cálculo de cuales serán nuestras obligaciones por este impuesto. El que seamos estrictamente escrupulosos (¡faltaría más!) no está no es óbice para que sepamos que podemos hacer para reducir nuestra carga fiscal. Tomen papel y lápiz y hagan sus cálculos. Muchos contribuyentes dejan de hacer este supuesto basándose en que no están obligados a declarar por no haber tenido en el ejercicio unas rentas mayores de 22.000 euros anuales, si proceden de un solo pagador, o de 10.000 euros anuales si provienen de distintos pagadores, mi consejo es que se pongan todos con la calculadora para ver, si aún no estando obligados, les corresponde solicitar devolución de las cantidades retenidas durante el año. Y para todos en general recuerden, entre otras cosas, que si reciben ingresos salariales o como autónomos, podrán reducir su base imponible por las aportaciones que hagan a Planes de Pensiones, Primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia de familiares hasta tercer grado, cónyuges o personas a cargo o Aportaciones hechas a sistemas de previsión a favor de personas con discapacidad.

También han de tener en cuenta que, si han obtenido ganancias patrimoniales por la venta de algún activo, están a tiempo de compensar dichas ganancias con pérdidas que puedan formalizar antes del día 31 por la venta de otros (esto hay que valorarlo con cuidado).

Además si hay algún osado que tenga programado montar una empresa, que sepa que las Aportaciones a una cuenta ahorro-empresa, con al finalidad de constituir una antes de 4 años, también tiene incentivos fiscales.

También se mantiene la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, aunque con diferencias importantes en función si la deducción se originó antes o después del 31 de diciembre de 2010.

Y para los que se lo puedan permitir, recordar que siguen estando vigentes las deducciones en cuota por aportaciones a favor de bienes de interés cultural o por donativos a entidades sin fines lucrativos y por mecenazgo.

Y como consejo general, que estén atentos a las medidas que se adopten a partir del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno ya que, seguro, habrá reformas en la fiscalidad y se deberán tomar decisiones antes de fin de año. Para esto, lo mejor, consulten con su asesor fiscal. El día 1 de enero ya se les habrá pasado la oportunidad.

Buena se ha montado con el anuncio de las medidas restrictivas de gasto que se van a llevar a cabo en Castilla La Mancha. Nadie es masoquista y acepta con gusto trabajar más y cobrar menos. Pero, guste o no guste, la remodelación de la Administración Pública hay que llevarla a cabo y cuanto antes mejor. El solapamiento de administraciones y el crecimiento de puestos públicos ha sido brutal en los últimos años. En 1998 el número total de funcionarios en toda España alcanzaba la cifra de 2,3 millones alcanzando en el primer trimestre de 2011 los 3.186.000 trabajadores. El pago de salarios al sector público supera los 110.000 millones de euros, lo que supone cerca del 10,4% del PIB. Cada ciudadano español paga al año unos 2.450 euros para sufragar las nóminas de los empleados públicos. La cuestión es ¿con la que está cayendo se puede mantener esta situación?

Solo una comparación, en este momento hay más empleados públicos que autónomos y empresarios en toda España, un 10,64% frente a un 13% del total de la población activa. Si los porcentajes los planteamos sobre la población activa “ocupada”, es decir sobre los 18 millones de trabajadores que todavía tienen nómina o son autónomos, el porcentaje de empleados públicos asciende a más de un 16% del total. El Banco de España lo pone de manifiesto de forma clara, mientras el sector privado a perdido en los últimos meses 229.000 empleados respecto a 2010 por el efecto de la crisis, el sector público ha ganado 98.000 empleos más. ¿Qué esto es debido al clientelismo y la mala gestión?

Creo que es indudable que la culpa no es los empleados públicos. Habrá incompetentes, incumplidores y escaqueadores, como en todo colectivo, pero seguro que la mayoría cumplen con su obligación. No se confunda la imagen del funcionario público con el del que para cada solución busca un problema cuando el ciudadano se acerca a la administración. Funcionarios son los médicos, policías, maestros, Jueces, etc. Son necesarios y todos están, o así debe ser, al servicio de los ciudadanos. En algunas dependencias falta personal, en otras sobran, otras seria mejor que ni existieran. El que la medida de reducción del gasto se aplique con carácter general duele a muchos, pero el debate no se debe plantear con movilizaciones en la calle.

 Las locuras de una clase política desbocada en el gasto la estamos pagando todos ahora. Ha llegado el momento de enfrentarse con valentía a esta crisis. En Castilla La Mancha somos poco más de 2 millones de habitantes, tenemos 225 mil parados, todos estos ciudadanos repartidos en 919 municipios de los que 497 tienen menos de 500 habitantes. Sobran Ayuntamientos y organismos públicos y faltan ideas claras que, con decisión política hagan posible enfrentarse al reto de un cambio necesario.

Bueno es que los mensajes que se den desde las Instituciones empiecen a tener una cierta carga positiva. Una cuestión irrefutable es que es suicida instalarse en la ignorancia de la realidad, negándola cómo se vino haciendo durante mucho tiempo y haciendo justo lo contrario de lo que se debía y otra cuestión es que nos instalemos en la conformidad del “no podemos hacer nada” cuando no en el catastrofismo del “todo va a ir a peor”. Los que ya vivimos crisis anteriores (aunque siempre la peor es la que se está pasando) sabemos por experiencia que se consiguen superar las mayores adversidades cuando se unen las voluntades y el esfuerzo de todos para ello.

 El “yes we cam” de la campaña de Obama, demostró que la sociedad está deseando que se transmita fuerza y optimismo en los mensajes para ponerse a trabajar. El intentar decir que con el contrario las cosas van a ir peor, se ha demostrado que no ha valido en esta campaña electoral. Más eficaz es transmitir el mensaje de “nosotros podemos” que utilizó el Partido Popular. El resultado es tan evidente que ahora toca llevarlo a la práctica.

Para que esto pueda ser una realidad, todos los colectivos que tienen algo que decir en este momento se lo tienen que creer y trabajar para alcanzarlo. El sábado noche, en los actos de entrega de los Premios de FEDETO se hizo una demostración de que así puede ser. La intervención de Mar Gómez Illán como presentadora del acto fue de sobresaliente. El mensaje claro y contundente. Los ejemplos que puso sobre la actitud empresarial marcaron una línea que debe servir de referencia a colectivos e instituciones.

 Aquí nos salvamos todos si estamos dispuestos a trabajar y tirar del carro. Pero lo primero es crear empleo y eso lo crean los empresarios. Para que arranquen lo único que se necesita es financiación y seguridad jurídica. Esto último puede sonar raro. ¿Cómo es posible que a estas alturas hablemos en España de que hace falta seguridad jurídica? Pues sí, guste o no guste, las reglas de juego han de quedar definidas y cuanto antes mejor. Saber como se eliminan las trabas para un mercado interior único, con una reglamentación homogénea en todas las CC.AA., acordar de una vez por todas el sistema de contratación laboral que impida esta dicotomía entre contratos fijos y eventuales (que luego se eternizan en su precariedad).

En fin, que hay tarea por delante para que todo funcione mejor. Pero solo para terminar, una anotación más sobre lo que pasó el sábado, allí hubo cientos de empresarios que estaban convencidos de que hay que empezar a salir de la depresión anímica haciendo suyo el lema que figuraba en el escenario y sentirse orgullosos de ser empresarios. Con esa actitud, un cambio de condiciones imprescindible y con esfuerzo y sacrificio saldremos de esta.
 

Esta semana se inaugura el Centro Comercial “La Abadía”. Miles de metros cuadrados de locales destinados a ofrecer al público, mobiliario, electrodomésticos, ferretería, equipamiento deportivo, alimentación, ropa, etc. Estamos ante la consolidación de un determinado modelo de urbanismo que hace del “centro comercial” el sistema al que queda sujeto el consumidor cuando quiera satisfacer sus necesidades. Ya no es elegir entre comercio de proximidad, mediana y grande superficie, estamos ante la avalancha de la gran superficie que invade todos los ámbitos de la oferta. A partir de ahora la competencia de este modelo hará que el comercio de proximidad vaya perdiendo fuelle, la mediana superficie quedará limitada a los núcleos de población que permitan que esta se mantenga y la mayor parte de los ciudadanos deberán plantearse que precisarán de un medio de transporte propio para poder desplazarse al punto de venta que les permita comprar, desde un tornillo, hasta una lavadora. Es curioso que del Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se pensó en su día para una población de más de 200.000 habitantes (¡de donde se pudieron sacar tales cifras de crecimiento!) solo se estén desarrollando en estos momentos las grandes superficies de oferta comercial.

 Puede que haya en el Ayuntamiento quienes piensen que esto será bueno para los ciudadanos, que se generarán puestos de trabajo, que el precio del producto final será más bajo para los vecinos de la ciudad y su entorno, que el Ayuntamiento ingresará más dinero vía tributos. Habrán hecho los estudios pertinentes y puede que tengan razón. Pero me gustaría saber si el coste alternativo de tomar esta decisión se ha valorado. ¿se ha estudiado el número de pequeños comercios que cerrarán por no poderse mantener? ¿los puestos de trabajo que se perderán por el cierre de los mismos? ¿el deterioro de los bajos comerciales de los barrios toledanos al quedar cerrados y sin objeto alguno?, ¿la pérdida de ingresos del propio Ayuntamiento por el cierre de estas actividades?

A partir de esta semana tendremos un gran área comercial a unos cuantos kilómetros del barrio más cercano al mismo de la ciudad, se habrá ingresado un dineral por parte del Ayuntamiento en licencias de obra y de apertura. Pero ¿de verdad alguien ha estudiado las consecuencias de este modelo de crecimiento?. Habrá que desplazarse en coche para comprar (coste directo e indirecto añadido a este tipo de oferta). Ferreterías, tiendas de deporte, electrodomésticos, alimentación, ropa, etc. ¿cuántos comercios deberán cerrar por falta de ventas?. El ciclo vital de nacimiento, crecimiento y muerte se da en todos los ámbitos, pero una pequeña reflexión por los poderes públicos antes de tomar decisiones de este tipo no estarían de más, sobre todo antes de decidir matar a tanto pequeño comercio que condiciona un modelo de ciudad.